Desde
los tiempos de la antigua CDE – antes de su privatización en el 1999 – la
distribución de electricidad era significativamente ineficiente en todo el
país. Durante el breve experimento de Unión Fenosa y AES a principios de la
reforma, las distribuidoras tampoco dieron pie con bola y tuvieron un ruinoso
final en manos privadas.
La
situación de la distribución eléctrica se ha agravado a lo largo de 12 años
corridos de abundante “subsidio” estatal y sistematico uso clientelista de sus
activos y puestos de trabajo. Hoy las distribuidoras, las tres juntas, a pesar
de su quiebra financiera, declaran gastos “operacionales” de 351.4 millones de
dólares al año (16 mil 164 millones de pesos).
