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| Antonio Almonte |
Desde
los tiempos de la antigua CDE – antes de su privatización en el 1999 – la
distribución de electricidad era significativamente ineficiente en todo el
país. Durante el breve experimento de Unión Fenosa y AES a principios de la
reforma, las distribuidoras tampoco dieron pie con bola y tuvieron un ruinoso
final en manos privadas.
La
situación de la distribución eléctrica se ha agravado a lo largo de 12 años
corridos de abundante “subsidio” estatal y sistematico uso clientelista de sus
activos y puestos de trabajo. Hoy las distribuidoras, las tres juntas, a pesar
de su quiebra financiera, declaran gastos “operacionales” de 351.4 millones de
dólares al año (16 mil 164 millones de pesos).
Sin
embargo, según un estudio realizado por la firma consultora chilena Ingenieros
y Economistas Consultores (INECON) – contratada por la Superintendencia de
Electricidad para elaborar la propuesta de tarifa técnica que debió entrar en
vigor este año-, tres empresas distribuidoras eficientes realizarían el mismo
trabajo de Edenorte, Edesur y Edeeste con tan solo 121.4 millones de dólares de
gastos de operacion.
De
igual manera, el gasto de personal actualmente es de 93.2 millones de dólares
al año y según el estudio citado dicho renglón no debería superar los 39.2
millones de dólares.
Finalmente, nuestras distribuidoras tienen 7 mil 772 empleados, mientras que
tres empresas distribuidoras eficientes – según INECON – tendrían solo 1833
empleados para realizar el mismo trabajo.
Las
distribuidoras dominicanas, atiborradas de “trabajadores”, solo atienden 269
clientes por empleado, mientras que las empresas eficientes serian capaces de
atender 1500 clientes por empleado.
Supongamos
que la firma INECON se olvido de que República Dominicana no es Chile, y que la
comparación debió realizarla con empresas no tan eficientes como las de su
modelo; aun así, si se hiciera el ejercicio de reducirle el porcentaje de eficiencia
a las distribuidoras eficientes se comprobaría que la diferencia con nuestras
distribuidoras reales seguiría siendo escandalosa.
Lo
que ha sucedido es que Edenorte, Edesur y Edeeste hace tiempo que no parecen
empresas de un mercado, del eléctrico, sino que operan como empresas de otro
mercado, el mercado político dominicano. Se han convertido en parte relevantes
de la plataforma clientelar que contribuye a la reproducción de la hegemonía
del PLD en el poder político.
Sus
casi 8 mil empleos regionalmente distribuidos, y sus más de 350 millones de
dólares en gastos y subcontrataciones discrecionales las han transfigurado en
una tremenda fuente de acumulación originaria y de soporte electoral en cada
coyuntura. Por esas razones, a pesar de sus elevadas cotas de pérdidas de
energía, las distribuidoras siguen siendo financieramente blindadas por el
subsidio del gobierno central, y administrativamente intocables e impunes,
gracias la protección del poder político. Son empresas blindadas de todo riesgo
y con una ruta bastante indiferente – inmutable — respecto a lo que planeen,
dialoguen y digan la Ley 125-01 y los demás agentes del sector eléctrico, Punta
Catalina incluido.
